El gobierno de Bolivia escaló su respuesta a las protestas que paralizan el país desde hace casi un mes tras promulgar una norma que elimina las restricciones legales para declarar el estado de emergencia, una medida que habilitaría el despliegue de las Fuerzas Armadas y la restricción de libertades de circulación y reunión.
El presidente Rodrigo Paz abrogó la Ley 1341, sancionada en 2020, que regulaba y limitaba el uso de los estados de excepción. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial el miércoles 28 de mayo, después de que la Asamblea Legislativa la aprobara con más de dos tercios de los votos: el Senado la avaló el 24 de mayo y la Cámara de Diputados la ratificó en una sesión virtual de más de cinco horas marcada por un intenso debate político. Conforme al artículo 137 de la Constitución boliviana, para declarar formalmente el estado de excepción el gobierno deberá presentar una solicitud al Congreso, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarla o rechazarla.
Las protestas, que comenzaron a principios de mayo con huelgas convocadas por sindicatos docentes y la Central Obrera Boliviana (COB), se extendieron rápidamente a comunidades indígenas y campesinas que bloquearon decenas de rutas en todo el territorio nacional. Cuatro semanas de bloqueos sostenidos han derivado en escasez de alimentos, combustible y medicamentos en La Paz y El Alto. La Embajada de Estados Unidos suspendió sus servicios consulares ante los riesgos en las carreteras y advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar por tierra entre ciudades.
La movilización es respuesta directa a dos medidas del gobierno: la Ley 1720, que privatiza tierras y es vista por pueblos indígenas como una cesión de sus territorios al agronegocio, y el Decreto Supremo 5503, que eliminó los subsidios estatales a los combustibles y duplicó su precio al consumidor de la noche a la mañana. El malestar se profundizó cuando trascendió que el gobierno importó combustible de baja calidad —denominado popularmente “gasolina basura”— que habría dañado vehículos particulares.
La demanda más extendida en las calles es la renuncia inmediata de Paz, quien lleva apenas seis meses en el poder tras derrotar al MAS en octubre de 2025. Fuerzas policiales ya venían desplegándose con gases químicos y balas de goma; sin embargo, los bloqueos se reconstruyeron en horas ante cada operativo de desalojo.
El conflicto tiene proyección regional. La alianza Shield of the Americas —de la que Bolivia forma parte y que agrupa a gobiernos alineados con Washington— emitió un comunicado descalificando a los manifestantes bolivianos como “criminales y narcotraficantes”. La misma semana, Argentina y Chile registraron masivas protestas estudiantiles contra recortes en educación pública.